Periódico Nuestra Tierra Nº 20: Gobierno y agroindustriales insisten en producir cinco cultivos transgénicos
En esta nueva edición de Nuestra Tierra presentamos un compendio informativo sobre la posible adopción e introducción de nuevas semillas transgénicas al territorio boliviano; camino abierto por el Decreto Supremo 4232, promulgado en mayo de este año y que autoriza la realización de procesos abreviados para la evaluación de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. Nuestro propósito, con esta publicación, es el de generar una discusión colectiva e informada sobre esta materia.
En esta publicación nos referiremos a los cultivos de organismos genéticamente modificados (OGM), conocidos comúnmente como transgénicos, y cuáles podrían ser las decisiones que deberían responder a los intereses de la mayoría de la población boliviana.
En las últimas décadas hemos visto que los gobiernos nacionales, independientemente de sus colores e identificación política, se inclinan a favor del crecimiento de los cultivos con semillas genéticamente modificadas; incluso sin realizar una consulta previa y pública con las familias involucradas en el proceso productivo.
Estas determinaciones políticas no toman en consideración el marco jurídico nacional que restringe el uso de las polémicas semillas. Algunas de esas normas protectoras del suelo boliviano son: la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, o
la Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica.
Entre las preocupaciones que genera el uso de este tipo de semillas, varios sectores ligados con el ámbito productivo boliviano, tienen la percepción de que estas pondrían en riesgo la salud de la población y la estabilidad del suelo boliviano.
No obstante, y a pesar de las dudas, desde inicios de este siglo se ha visto cómo el Estado se ha inclinado a favor del agronegocio en Bolivia, sector que reclama la inclusión de OGM en los campos.
En esta publicación nos referiremos a los cultivos de organismos genéticamente modificados (OGM), conocidos comúnmente como transgénicos, y cuáles podrían ser las decisiones que deberían responder a los intereses de la mayoría de la población boliviana.
En las últimas décadas hemos visto que los gobiernos nacionales, independientemente de sus colores e identificación política, se inclinan a favor del crecimiento de los cultivos con semillas genéticamente modificadas; incluso sin realizar una consulta previa y pública con las familias involucradas en el proceso productivo.
Estas determinaciones políticas no toman en consideración el marco jurídico nacional que restringe el uso de las polémicas semillas. Algunas de esas normas protectoras del suelo boliviano son: la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 071 Derechos de la Madre Tierra, o
la Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica.
Entre las preocupaciones que genera el uso de este tipo de semillas, varios sectores ligados con el ámbito productivo boliviano, tienen la percepción de que estas pondrían en riesgo la salud de la población y la estabilidad del suelo boliviano.
No obstante, y a pesar de las dudas, desde inicios de este siglo se ha visto cómo el Estado se ha inclinado a favor del agronegocio en Bolivia, sector que reclama la inclusión de OGM en los campos.
