Representantes de 32 territorios titulados colectivamente —pertenecientes a las regiones del Chaco, Valles, Llanos, Chiquitanía, Altiplano y Amazonía— suscribieron este viernes el "Manifiesto de Territorios Colectivos del Estado Plurinacional de Bolivia", que exige el respeto a la autonomía indígena y llama a superar sus divisiones internas para hacer frente a las actividades extractivas como la minería, los hidrocarburos y el agronegocio en sus territorios.
La falta de agua, el avance de la minería y el riesgo de incendios e invasiones fueron algunas de las problemáticas que representantes de pueblos indígenas de tierras altas y bajas pusieron sobre la mesa durante la jornada inaugural del encuentro "Territorios Colectivos y Economías Plurales", evento que busca sentar las bases para recuperar la agenda histórica de los pueblos indígenas y construir horizontes comunes de defensa territorial y ejercicio pleno de la autodeterminación.
Luego de más de dos años, el PNC que es parte de la OCDE— entidad ante la que organizaciones de América del Sur y Europa presentaron una denuncia contra Bayer por la afectación del medio ambiente y de los derechos de campesinos e indígenas en la región, generada por la producción y comercialización de herbicidas tóxicos articulados a la agricultura industrial de exportación— archivó la queja de los demandantes y propuso una mediación que dejaba fuera los casos concretos de daño. La posición fue rechazada por las organizaciones denunciantes y alertaron que el organismo actuó en favor de la empresa.
La Defensoría del Pueblo y 125 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la creciente confrontación en Bolivia no solo está agravando el desabastecimiento y la tensión social, sino también debilitando los espacios mínimos de entendimiento entre distintos sectores del país.
Las organizaciones indígenas y campesinas que protagonizaron la “Marcha por la Defensa de los Bosques de la Amazonía y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígena Originario Campesinos” rechazaron de forma categórica las denuncias de que su movilización estaría financiada o dirigida por organizaciones no gubernamentales (ONG) u otros actores externos.
Alrededor de 70 organizaciones de la sociedad civil boliviana —entre ellas la Fundación TIERRA— suscribieron un pronunciamiento público conjunto en el que rechazan las descalificaciones, la estigmatización y las amenazas dirigidas contra organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y entidades sin fines de lucro, y reafirmaron su papel como defensoras de derechos humanos y actoras del desarrollo.
