Este 2 de agosto se conmemora la Reforma Agraria en Bolivia, y a 71 años del evento que marcó el giro en la distribución de la tierra en Bolivia, nuevas conflictividades, como la sobreposición de linderos, conflictos en la compra-venta, dificultades en la sucesión hereditaria y disputas por el uso de áreas comunales, complican el acceso y uso de la tierra a los habitantes del área rural en los Valles y Altiplano, después de saneamiento legal.
La Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD) —que se ubica en el municipio de Ixiamas de la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz— presentó este martes su Protocolo de Consulta Previa, un instrumento que busca la defensa del territorio y el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado frente a tres principales amenazas: un nuevo proyecto carretero, la exploración hidrocarburífera y la minería.
La Fundación TIERRA ha elaborado ocho preguntas y respuestas clave para entender el último caso de avasallamiento de tierras en Santa Cruz. Esta información busca fomentar una opinión pública informada, ecuánime y responsable sobre el incidente.
En medio de la campaña para convertir al norte de La Paz en una nueva zona agroindustrial como Santa Cruz —en el que abundan los proyectos de monocultivo mecanizado—, 21 mujeres y sus familias de la Central 16 de Julio, en el municipio de San Buenaventura, decidieron remar contra corriente y están aprendiendo a trabajar la tierra en armonía con el medio ambiente con la implementación de sistemas agroforestales (SAFs).
Las comunidades indígenas del Sub Consejo Tsimane Sector Yacuma (SCTY) accedieron este jueves al mecanismo de protección establecida en la Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas originarias en situación de alta vulnerabilidad (Ley 450), determinación que fue asumida en la V sesión ordinaria del Comité de Protección a Pueblos Indígenas Originarios en Situación de Vulnerabilidad (CPPIOSV) realizada en la ciudad de La Paz.
En vísperas de la junta de accionistas de la empresa agroquímica alemana Bayer, una coalición de seis organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania presentaron una denuncia ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra Bayer AG por los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente que provoca su modelo de negocio basado en la agricultura industrial en Sudamérica, con base en una amplia investigación y en entrevistas con comunidades afectadas. Las organizaciones señalan que Bayer está violando las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
