Las noticias sobre un inminente acuerdo entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aparentemente condicionado a medidas de unificación cambiaria, merecen una lectura distanciada de la habitual polémica entre defensores y detractores de este organismo internacional. El punto central no es tanto si corresponde prestarse del FMI ni el ajuste cambiario, sino el propósito. ¿Para qué se usará ese financiamiento? ¿Qué problemas busca resolver el gobierno de Rodrigo Paz?
Las versiones recientes apuntan a un préstamo de 3.000 millones de dólares destinado a enfrentar la persistente escasez de divisas. El gobierno necesita un flujo constante de dólares para cubrir dos gastos cada vez más apremiantes. Por un lado, la importación de gasolina y diésel y, por otro, el pago de capital e intereses de la deuda externa. Durante los primeros siete meses de su gobierno, Paz logró sobrellevar esta situación crítica gracias a los 550 millones de dólares desembolsados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en diciembre y otros 192 millones de distintos organismos multilaterales. En total, ingresaron 742 millones que ya han sido gastados.
A ello se suma que, a finales de mayo, el endeudamiento aumentó en otros 1.000 millones de dólares mediante una nueva emisión de bonos soberanos a una tasa anual de 9,45%. Considerando el ritmo actual de salida de divisas, es probable que estos dólares se terminen de agotar hacia mediados de septiembre. La conclusión es dolorosa en términos económicos porque, para sostener la política económica y alargar la sensación de que todo está bien, Rodrigo Paz necesita endeudar a Bolivia a un ritmo cercano a 2.300 millones de dólares por año.
En este contexto, el financiamiento de FMI tendría como principal objetivo inyectar liquidez para aliviar las urgencias económicas y contener la inestabilidad política de corto plazo. Tiene sentido que un eventual acuerdo contemple medidas de unificación o flotación cambiaria. Sin embargo, si esta medida es la condición más sobresaliente para un programa de miles de millones, surgen dudas sobre su verdadero alcance y las motivaciones que podrían explicar este acercamiento. Después de todo, el problema macroeconómico de fondo no es únicamente el cambiario, sino que Bolivia arrastra un déficit fiscal cercano al 12% del Producto Interno Bruto (PIB) que el Presupuesto General del Estado (PGE) reproduce para 2026.
Una respuesta plausible es que se trate de un acuerdo puente para ganar tiempo. Desde la perspectiva del FMI, el financiamiento permitiría estabilizar y preparar el terreno para un ajuste económico más amplio a partir del próximo año. La flotación sería apenas un primer paso para la corrección de los precios relativos que, en los hechos, ya comenzó con el alza de la canasta básica. Ganar tiempo responde a razones económicas, pero también existen motivaciones geopolíticas. Bolivia es un país pequeño pero funcional dentro de las disputas entre Estados Unidos y China por controlar América Latina y sus recursos naturales.
Desde la perspectiva del gobierno de Paz, en cambio, ganar tiempo tendría otro significado: sobrevivir políticamente sin alterar el modelo económico del Movimiento Al Socialismo (MAS). Mantener el gasto improductivo, la burocracia y la creciente dependencia de la deuda. A estas alturas, las capacidades instaladas de su equipo económico encajan con este perfil. Tienen aptitudes y talento para negociar deudas y traspasar obligaciones financieras del sector público al bolsillo de los bolivianos. No son arquitectos de un nuevo modelo de desarrollo ni gestores de reformas estructurales, sino especialistas en postergar las decisiones difíciles.
La propia actitud del presidente Paz frente al problema fiscal refuerza este perfil. Rodrigo Paz nunca habla con claridad sobre medidas de austeridad para encarar la insostenibilidad del gasto fiscal. Es capaz de levantarse una mañana convertido en el mayor enemigo del FMI y, al otro día, sostener lo opuesto con la misma convicción. La última vez que habló de déficit fiscal sugirió que éste rondaba el 6%, cuando la cifra real estaba en el doble. Y cuando anuncia nuevo endeudamiento, lo presenta como un logro de su gestión, sin considerar que solo tiene sentido si crea capacidades futuras de ingresos reales.
Si el retorno del FMI termina siendo un salvavidas temporal para sostener un gobierno sin un plan económico, Rodrigo Paz podrá ganar algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Quizá hasta el momento en que nos demos cuenta que el haber devaluado el boliviano sin recortar el déficit fiscal es uno de los peores escenarios posibles.
Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA.
Artículo publicado en: Visión 360, Brújula Digital, Rimay Pampa, Urgente.Bo, Sumando Voces
